**El Gobierno excluye a presos del régimen laboral común, eliminando aguinaldo y vacaciones**
El avance de la reforma laboral del Gobierno nacional ha tomado un giro significativo al excluir a las personas privadas de libertad del régimen laboral común. La modificación establece que los internos ya no estarán bajo la Ley de Contrato de Trabajo, una decisión que implica el final de beneficios como aguinaldo, vacaciones pagadas y la equiparación con jornadas laborales estándar de ocho horas.
Este importante cambio fue plasmado en el inciso H del artículo 1 de la Ley de Modernización Laboral, diseñada para cerrar cualquier posible interpretación judicial que extendiera beneficios laborales plenos a quienes se encuentran en prisión. En la Casa Rosada se justifica la medida como una respuesta necesaria para evitar que el Estado se vea obligado a abonar el Salario Mínimo Vital y Móvil a los detenidos, aun cuando no completen la jornada laboral.
El contexto de esta reforma se remonta a decisiones judiciales previas, en especial a fallos de la Cámara Federal de Casación Penal en 2014 y una resolución de la Corte Suprema de 2021, que, al equiparar a los internos con los trabajadores en libertad, generó un precedente que comprometía el deber del Estado de liquidar salarios completos a los internos activos.
La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Alejandra Monteoliva, ahora se hace cargo de esta iniciativa que retoma una línea política iniciada durante la administración de Patricia Bullrich. El objetivo central de la reforma es restaurar el sentido original del trabajo dentro de los muros penitenciarios: resocialización y capacitación laboral, diferenciándolos de un empleo formal en la sociedad.
Si bien la nueva reglamentación mantendrá una forma de contraprestación económica para los internos, esta estará estructurada de manera distinta al régimen laboral convencional. Además, la reforma deroga varios artículos de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena que vinculan el trabajo penitenciario con la legislación laboral común. Se espera que esta medida prevenga futuras impugnaciones judiciales y restablezca un marco más claro entre el sistema penitenciario y el ámbito laboral.
Desde la perspectiva del Gobierno, esta acción busca corregir una distorsión provocada por años de inacción en el ámbito legislativo y resoluciones judiciales expansivas, estableciendo de forma más nítida los límites entre la situación carcelaria y el mercado laboral formal.
**Con información de derecha.news**
