# La Casta Judicial Santafesina Intenta Frenar la Ley que Permitió Golpear al Narcomenudeo
Un nuevo episodio dentro del sistema judicial santafesino ha despertado un intenso debate sobre la efectividad de las herramientas legales en la lucha contra el narcomenudeo. La camarista Gabriela Sansó ha decidido derivar una causa relacionada con el microtráfico a la Justicia federal, lo que ha generado una fuerte controversia en el ámbito público y político de la provincia.
Esta resolución involucra a presuntos miembros de una red de narcomenudeo vinculada a Jonatan “Jano” Fernández, un recluso de la cárcel de Piñero relacionado con la célebre organización criminal Los Monos. A pesar de que la jueza ha mantenido la mayoría de las prisiones preventivas, también ha liberado a tres acusados, lo que ha dejado al Ministerio Público de la Acusación (MPA) alarmado.
El fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, ha alzado la voz en defensa de la Ley de Narcomenudeo, que fue sancionada en 2023 y les otorga a los fiscales y a las fuerzas de seguridad la potestad de actuar directamente contra el microtráfico. Merlo advierte que restringir esta competencia podría desencadenar un aumento en los homicidios y las balaceras en los barrios. “Si nos quitan la competencia, vamos a tener un Estado bobo”, expresó, enfatizando la necesidad de mantener herramientas efectivas para enfrentar la violencia narco que azota a Rosario.
Después de las declaraciones de Merlo, la reacción de la Cámara de Apelaciones en lo Penal no se hizo esperar. Un comunicado firmado por los camaristas acusó al fiscal de intentar coaccionar a la institución y rechazó que sus decisiones estuviesen ligadas a la escalada de violencia en las calles. Sin embargo, en el MPA insisten en que la verdadera cuestión radica en la fragilidad del sistema judicial si se le quitan las herramientas necesarias para combatir el microtráfico.
La Ley de Narcomenudeo fue pilada con el firme propósito de otorgar a la Justicia provincial las atribuciones para investigar la venta minorista de drogas, dejando el narcotráfico de gran escala bajo la jurisdicción federal. Desde su implementación, se ha logrado avanzar en importantes operativos contra búnkeres y redes de distribución, que suelen ser los epicentros de conflictos violentos entre bandas rivales.
La disputa entre los fiscales y los jueces pone de manifiesto una problemática más amplia: la adaptación del sistema judicial a las circunstancias cambiantes del crimen organizado en Santa Fe. Mientras algunos sectores de la casta judicial parecen querer frenar la ofensiva contra el narcomenudeo, el MPA clama por la continuación y profundización de políticas que han recuperado parte del control social en los barrios más afectados.
En este clima de tensión, la pregunta que queda es si los actores del sistema judicial estarán dispuestos a colaborar en la lucha contra el narcotráfico, o si preferirán mantener la protección del statu quo en detrimento de la seguridad pública.
Con información de derecha.news
