Se terminó la fiesta para los delincuentes que, desde la comodidad de sus celdas y con el aval del Estado, continúan operando y destruyendo vidas. El diputado provincial de La Libertad Avanza (LLA), Oscar Liberman, presentó un proyecto de ley contundente para prohibir de forma total el uso de teléfonos celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa, bautizada como “Ley Rodrigo”, nace de una tragedia evitable que pone de manifiesto el fracaso del garantismo populista: el suicidio del soldado Rodrigo Gómez, quien se quitó la vida en la Quinta de Olivos tras ser víctima de una red de extorsión que operaba impunemente desde la cárcel de Magdalena.
Seguridad y Justicia: El rol esencial del Estado
Para quienes defendemos la libertad, el Estado solo tiene una razón de ser: garantizar la seguridad y la justicia. Sin embargo, durante años, la gestión bonaerense permitió que las prisiones se convirtieran en “centros de cómputos” para el crimen organizado.
El proyecto de Liberman, elaborado con el respaldo técnico de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y el juez Carlos Pagliere, busca restablecer el orden que el kirchnerismo rompió bajo el pretexto de la pandemia.
Los puntos clave de la Ley Rodrigo:
- Prohibición absoluta: Se prohíbe la tenencia de celulares y cualquier dispositivo con acceso a datos por parte de los internos.
- Fin del protocolo K: Declara la caducidad de la Resolución N° 47688/20, que permitió el ingreso masivo de teléfonos durante la cuarentena.
- Comunicación controlada: El contacto con el exterior se limitará a equipos fijos provistos por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), con un máximo de 2 horas diarias y solo hacia 5 números registrados.
- Tecnología contra el delito: Obliga a la instalación de inhibidores de señal en todos los pabellones para neutralizar cualquier intento de comunicación clandestina.
- Requisas y Sanciones: Implementa un plan de entrega voluntaria de dispositivos y, tras el vencimiento del plazo, requisas permanentes con destrucción pública de los equipos ilegales.
El fin de los privilegios para los “parásitos” del sistema
Como bien señaló el diputado Liberman, el mandato constitucional de cárceles “sanas y limpias” es para seguridad y no para castigo, pero esa seguridad debe ser, ante todo, para los ciudadanos honestos que están afuera. No existe libertad posible si el Estado permite que un delincuente, ya condenado, siga vulnerando la propiedad y la integridad de los argentinos desde su lugar de encierro.
La connivencia del sistema anterior permitió que organizaciones criminales realizaran secuestros virtuales, estafas y extorsiones bajo el amparo de una “flexibilización” absurda. Con la Ley Rodrigo, se busca que la cárcel cumpla su función: aislar a quien decidió vivir fuera de la ley.
“Este proyecto apunta a restablecer condiciones de control y garantizar que el encierro cumpla su finalidad preventiva, evitando que las cárceles sean un ámbito desde el cual se continúe delinquiendo”, afirmó Liberman.
Hacia una provincia de Orden y Libertad
Desde La Libertad Avanza el mensaje es claro: el que las hace, las paga. El desmantelamiento de la estructura delictiva dentro de las cárceles es un paso fundamental para devolverle la tranquilidad a los bonaerenses y honrar la memoria de víctimas como Rodrigo Gómez.
Es hora de que la política deje de ser cómplice de la delincuencia y empiece a priorizar a los ciudadanos de bien que trabajan y producen.
