## Primer fallo por el protocolo antipiquetes: condenaron a cuatro detenidos por los disturbios en el Congreso
La Justicia porteña ha dictado un importante fallo en relación con el protocolo antipiquetes, condenando a cuatro manifestantes involucrados en disturbios ocurridos durante el debate sobre la Ley Bases en el Congreso. Este fallo, que marca un precedente, establece seis meses de prisión en suspenso por los delitos de resistencia y atentado a la autoridad.
Los condenados —Astor Valentín Galán Vizgarra, Pedro Esquivel, Juan Carlos Denuble y Nelson Joaquín Arrúa— resultaron implicados en incidentes violentos que perturbaron el orden público en las inmediaciones del Parlamento. La jueza María Julia Correa, del Juzgado N° 28 en lo Penal, Contravencional y de Faltas, fue la encargada de pronunciar esta sentencia, la cual ha generado un debate sobre el uso de protocolos en eventos de protesta.
Los enfrentamientos se produjeron mientras dentro del Congreso se llevaba a cabo una sesión crucial para el futuro del país, haciendo que las tensiones fueran palpables en la calle. Según el ministerio público, los cuatro detenidos no formaban parte de una protesta pacífica, sino que activamente contribuyeron al caos lanzando objetos contra las fuerzas de seguridad.
La intervención policial resultó en la detención de 14 personas, aunque solo los mencionados cuatro enfrentaron un proceso judicial que culminó en condena. Durante el juicio, el acceso fue restringido y solo se permitió la entrada de familiares y abogados, lo que ha sido criticado por algunos sectores que argumentan a favor de una mayor transparencia en los procedimientos judiciales.
Las defensas han anticipado su intención de apelar la sentencia, mientras que los fundamentos del fallo serán revelados el próximo 25 de marzo. Este caso no solo tiene relevancia por su contenido, sino también por lo que puede significar para la aplicación del protocolo antipiquetes en el futuro, estableciendo un precedente peligroso para los derechos de manifestación en el país.
La resolución de este caso subraya un momento crítico en el que las políticas de seguridad y orden público se ponen a prueba frente a las demandas sociales. Para muchos, se trata de un primer paso hacia un enfoque más firme contra la violencia en las protestas, mientras que otros lo ven como una restricción a la libertad de expresión.
Con información de derecha.news.
