**Fallo Judicial Deja Fuera Casi $200 Mil Millones de Evasión de Lázaro Báez**
La reciente decisión del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 ha reavivado el debate sobre la impunidad en las causas de corrupción. En un fallo controvertido, el tribunal dictó el sobreseimiento parcial de Lázaro Báez y varios de sus allegados en un caso que investigaba una evasión fiscal millonaria. Este pronunciamiento se fundó en la aplicación retroactiva de la Ley 27.799, conocida como Ley de Inocencia Fiscal, lo que implica beneficios significativos para los imputados.
Lo más impactante de esta resolución es cómo se reinterpretaron los umbrales que definen la tipificación del delito. Según el nuevo criterio, se establecen límites de $100 millones por tributo y por año en casos de evasión simple, y de $1.000 millones para la evasión agravada. De esta forma, numerosas deudas investigadas, que en su momento representaron cifras importantes, dejaron de ser consideradas delitos. Actualizando los montos correspondientes a los años 2010, 2011, 2013 y 2014, se estima que casi $200.000 millones quedan fuera del alcance penal.
Entre las deudas que se descartaron se encuentran aquellas asociadas al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y a las Ganancias, que inicialmente sumaban cantidades significativas por año. Sin embargo, con la nueva interpretación, estas deudas ya no superan los límites establecidos por la ley. El único segmento de la causa que se mantendrá en pie es el correspondiente a 2012, donde las obligaciones fiscales superan los umbrales establecidos.
Desde la Fiscalía, Diego Velasco expresó su desacuerdo con esta interpretación, señalando que la Ley de Inocencia Fiscal debería considerarse una simple actualización de valores y no un cambio que justifique el beneficio a los imputados. No obstante, el tribunal optó por una lectura amplia, basándose en criterios de la Corte Suprema.
Este fallo, conocido apenas horas antes del inicio del juicio oral, redefine el alcance de una de las causas más emblemáticas vinculadas a la obra pública. En la práctica, la mayoría de la evasión tributaria investigada durante años queda excluida del proceso judicial, lo que genera una sensación de impunidad y cuestionamientos sobre la efectividad del sistema judicial frente a cifras millonarias.
La decisión resalta una preocupante tensión en el sistema legal argentino: mientras los estándares legales se elevan, los montos reales de evasión son relativizados, dejando muchas preguntas en el aire sobre la verdadera capacidad del Estado para hacer justicia en casos de corrupción.
Con información de derecha.news.
